A finales de la década de 1970, las empresas occidentales atravesaban tiempos difíciles. La crisis del petróleo golpeó duramente a las industrias extensivas y de alto consumo energético. Por ejemplo, Ford sufrió pérdidas multimillonarias y Chrysler estuvo al borde de la bancarrota, viéndose obligada a pedir ayuda al gobierno.
En busca de una salida a esta situación, los directivos dirigieron su mirada hacia Oriente, donde las empresas japonesas demostraban un éxito impresionante. Su secreto resultó ser un sistema de gestión especial, centrado en la calidad, el control estadístico de los procesos y la participación total de los empleados. En 1986, el empresario Masaaki Imai resumió esta experiencia en un libro que popularizó el término «kaizen», que en japonés significa «cambio continuo». El kaizen no es solo una metodología, sino toda una filosofía orientada a la mejora constante de los procesos empresariales a través de múltiples mejoras pequeñas y graduales.
Era lógico que la dirección rusa también se interesara por este enfoque. El kaizen llegó a Rusia bajo el concepto de «producción ajustada», haciendo hincapié en la eliminación de desperdicios, el aumento de la eficiencia y las pequeñas mejoras continuas. Los pioneros fueron gigantes industriales como PAO Kamaz y PAO GAZ. Con el tiempo, este sistema también fue adoptado por empresas que operan instalaciones de producción peligrosas, como PAO Gazprom, PAO Transneft, PAO Lukoil y PAO Severstal, creando «fábricas de ideas» internas y sistemas de propuestas de racionalización.
Sin embargo, este sistema aparentemente impecable tiene una limitación fundamental en el ámbito de la seguridad industrial, concretamente la Ley Federal del 21.07.1997 N 116-FZ «Sobre la seguridad industrial de las instalaciones de producción peligrosas». Esta ley establece requisitos obligatorios tanto para las propias instalaciones de producción peligrosas como para los dispositivos técnicos utilizados en ellas, así como las formas de evaluar su cumplimiento con dichos requisitos obligatorios. Y estos requisitos prácticamente excluyen la posibilidad de que la organización operadora realice cualquier tipo de modificación.
A pesar de esto, en muchas empresas se introducen cambios a menudo bajo la apariencia de actividades de racionalización e invención. Existe la peligrosa idea equivocada de que registrar una propuesta en Rospatent legaliza tales modificaciones. Pero no es así. Es importante entender que una patente es un documento que confirma la autoría y otorga el derecho exclusivo de uso de una invención. Sin embargo, no le convierte en fabricante de ningún dispositivo, ni le da derecho a modificar el diseño de un equipo individual o de una instalación de producción peligrosa en su conjunto. Cualquier modificación de este tipo, incluso si está patentada, constituye una violación directa de la ley.
Dejando a un lado el aspecto legal, surge otro problema: la profanación de la propia idea. El sistema de incentivos materiales, donde las bonificaciones dependen del número de ideas presentadas o del tamaño del ahorro estimado, a menudo conduce a un flujo de propuestas formales que no aportan un valor real. Incluso las propuestas destinadas a mejorar la seguridad pueden ser cuestionables. A menudo neutralizan un riesgo, pero no se lleva a cabo una evaluación de los nuevos riesgos que podrían surgir como resultado de la implementación de dichas propuestas.
La dirección puede seguir las tendencias de moda y perseguir la eficiencia. Pero la seguridad industrial no es un juego de «mejoras continuas». Es un área de estricta responsabilidad, donde cualquier cambio no debe ser simplemente una «buena idea», sino una decisión cuidadosamente calculada y legal.