Cualquier gran empresa, al celebrar un contrato con una organización contratista, tarde o temprano se enfrenta a incumplimientos de los requisitos de HSE por parte de los trabajadores del contratista.
Por lo general, entre las infracciones más comunes en el lugar de trabajo se encuentran el no uso de EPP, la falta de documentación reglamentaria, la presencia de trabajadores en zonas de peligro, etc.
En esta situación, el incumplimiento de las normas de HSE por parte de los trabajadores del contratista durante la ejecución de las tareas afecta negativamente los índices de siniestralidad laboral en las instalaciones del cliente y puede considerarse perfectamente como un incumplimiento de las condiciones contractuales.
Esto significa que el cliente tiene derecho a multar a la empresa contratista, ya que a menudo las cláusulas sobre sanciones por infracciones están estipuladas en el contrato, y el monto de las multas se define en un anexo del mismo.
Parecería que todo es muy sencillo: se comete una infracción, se levanta un acta y se aplica la multa. Y ahora esperamos que el contratista, tras haber aprendido la lección, no vuelva a infringir los requisitos de HSE.
Sin embargo, en la realidad actual, las cosas no resultan tan simples.
De acuerdo con los requisitos legales, el empleador no tiene derecho a cobrar al trabajador la multa impuesta a la organización, y el empleado puede repetir tranquilamente la misma infracción. Al pagar las sanciones aplicadas, la empresa contratista puede sufrir pérdidas significativas. Y ese volumen de trabajo que prometía beneficios puede terminar siendo la ruina de la compañía.
Al conocer estos riesgos, el contratista comienza a inflar artificialmente el coste de sus trabajos o servicios para poder cubrir las multas y, aun así, obtener beneficios.
Al final, todo esto conduce a una escasez de proveedores de servicios. Y en esta situación, el cliente es el primero en sufrir: el trabajo se detiene, no hay personal disponible y los que están resultan más caros de lo previsto.
Y es aquí donde surge el momento de colocar correctamente la coma en la famosa frase: «Castigar imposible perdonar».
En lugar de imponer sanciones económicas completas a la empresa contratista, el cliente puede acordar ciertas condiciones contractuales. Por ejemplo, el cliente reduce las multas en un 50% y el contratista desarrolla y ejecuta medidas adicionales para mejorar las condiciones de trabajo en su empresa (como opción, compra EPP o herramientas adicionales por ese mismo importe, etc.).
Una situación en la que todos ganan: el cliente obtiene un contratista con costes de servicio adecuados, el contratista no entrega sus ingresos al presupuesto del cliente, sino que mejora la situación en su propia empresa, convirtiéndose en un empleador más atractivo, y el trabajador, cuya actividad se vuelve más segura.